| Por: Gearóid Ó Loingsigh |
En un artículo reciente sobre la decisión del gobierno de Petro de agregar dinero a un contrato ya existente para mantenimiento de los KFir de Israel, mientras contemplaban su reemplazo con otra clase de avión, hice un comentario sobre el Servicio Social Obligatorio que introdujo el gobierno. Lo describí como mano de obra barata para los ricos y recibí una queja sobre este punto diciendo que las modalidades contempladas no incluyen esa clase de trabajo. Algo de razón tiene, frente a un comentario suelto mío, algo impreciso, pues los que cumplen con el servicio social no serán empleados directos de alguna familia rica u una empresa multinacional. Pero sí son mano de obra barata, y en este artículo pretendo explicar cuáles son los problemas con el nuevo modelo de servicio militar y social obligatorio.
En julio de este año se aprobó la Ley 2384 de 2024, que a su vez cambiaba la Ley 1861 de 2017 que rige en la materia de reclutamiento forzoso a las filas del Ejército de Colombia, es decir, el mal llamado Servicio Militar. Pero esta ley no rompe en ningún momento con la lógica militar ni desafía a los que están de acuerdo con el reclutamiento forzoso por parte del Estado. A lo largo del conflicto se ha hablado mucho de reclutamiento forzoso por parte de grupos guerrilleros y paramilitares pero jamás se habla del principal reclutador forzoso, el Estado. Puede molestar a muchos describirlo así, pero ¿acaso los jóvenes realmente quieren cumplir con ese servicio? Sabemos que hay muchos remisos que nunca se presentan a los cuarteles y carecen de la preciada libreta militar, libreta que los ricos simplemente compran. Se calcula que hay más de 600.000 personas remisas.
La Ley 2384 ofrece algunas posibilidades de estudiar a los reclutas que no son bachilleres, pero mantiene la diferencia entre estos y los que sí son bachilleres. Los que no son bachilleres tienen que prestar 18 meses de servicio, mientras los que sí son, cumplen 12 meses. La diferencia entre uno y el otro es el ingreso familiar y en algunos casos la división urbana/rural. Mantener esas diferencias de clase no es nada progresista. Se castiga la pobreza y la falta de oportunidades reales, no importa si parte de ese servicio militar incluye estudio o no. Si de oportunidades de estudiar se trata, pues simplemente se ofrecen los cursos, sin necesidad de obligar a incorporarse a una institución militar, policial o carcelaria.
Ahora, la Ley 2272 de 2022 en su Artículo 11 creó un Sistema Social Para La Paz como alternativa al servicio militar. Existen once modalidades, varias son temas de educación, protección del medio ambiente, trabajar con víctimas del conflicto armado, cuidar a personas en condición de discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad, trabajar con personas afectadas por fenómenos o amenazas naturales etc. Todas las actividades son actividades que deberían corresponder al Estado tanto en tiempos de guerra como de paz y el cuidado de personas con discapacidad o personas mayores es algo que corresponde al sistema de salud, educación y vivienda. Pero no. Programas sociales que existen en otros países y son manejados y ejecutados por profesionales bien pagados en Colombia serán trabajos mal pagados con personas poco preparadas del Servicio Social Obligatorio. ¿Por qué no formar a esos jóvenes en esas áreas y pagarles un buen sueldo?
Lo que el gobierno pretende hacer es introducir un cambio parcial, una regla nueva que seguramente les parece “progresista” porque los jóvenes pueden optar por no hacer el servicio militar. Es reglamentado por un decreto que el siguiente gobierno puede cambiar y lo harán sin duda. Existe otra opción que sería más engorrosa y difícil de cambiar en el siguiente gobierno: abolir el servicio militar.
En otras partes del mundo no se veía al servicio social obligatorio como alternativa al servicio militar sino como el otro lado de la misma moneda. El argumento era que el Estado secuestra a los jóvenes, bien para engrosar las filas militares como carne de cañón o cumplir servicios sociales que el Estado no quiere asumir pagando bien, sino como algo “voluntario” que recae sobre las mismas comunidades en todo momento. Eso se hacía con un servicio social en las instituciones del mismo Estado, en entidades terceriazados que asumen funciones del Estado o en ONG buscando mano de obra barata. Ésta última situación puede aplicarse en Colombia más adelante, nunca faltan ONG que no quieren pagar buenos sueldos a personas distintas a la junta directiva etc.
España es uno de los casos emblemáticos de la lucha contra ambos servicios. Allí efectivamente los jóvenes se opusieron a ambas cosas. La consigna era que “no nos secuestren la vida” y 50.000 jóvenes se negaron a prestar cualquiera de los servicios, lo cual se consideraba un delito en ese entonces. Se declararon Insumisos. Casi 1.000 personas terminaron condenadas y encarceladas.[1] Además de eso, se les imponían “penas de inhabilitación absoluta de entre 10 y 14 años”[2] y ese cambio lo introdujo un ministro socialista, es decir el llamado progresismo de la época. El sistema sustitutorio que ofrecía un “servicio civil” como el que pregona Iván Cepeda, Petro y el resto del Pacto Histórico también entró en crisis.
Al mismo tiempo, comparada con la insumisión, la prestación sustitutoria era vista por cada vez más jóvenes como algo “fácil” y nada “radical”. Cientos de miles solicitaron realizar la prestación en lugar del servicio militar y llegaron a colapsar el sistema, porque estaba pensado para que la prestación fuera una opción minoritaria y nunca hubo plazas suficientes. Además, el movimiento logró que muchas ONG y asociaciones se negaran a colaborar ofreciendo plazas, lo que fue en la práctica un verdadero boicot a la puesta en práctica de la prestación sustitutoria que acabó por asfixiarla. La mayoría de los jóvenes que optan por la prestación, al final no la realizaban por falta de plazas, lo cual causó el colapso de todo el sistema de reclutamiento civil y militar.[3]
Y para complicar la situación más varios se incorporaron en el Ejército y se declararon insumisos una vez enlistados manteniendo el enfoque sobre el militarismo y el Ejército.[4] El servicio social en Colombia no es una alternativa al militarismo sino es una parte integral del sistema militar. Los que no terminen el servicio social de forma injustificada, como reza el decreto, serán reportados al Ministerio de Defensa Nacional. Y cuantos cupos habrá, también es una decisión militar.
Artículo 2.2.38.5.1. Reglas para la habilitación de cupos. Los cupos habilitados anualmente para la implementación del Servicio Social para la Paz serán establecidos en el Comité Técnico de acuerdo con el Plan Anual de Incorporación presentado por el Ministerio de Defensa Nacional.[5]
Y como mal chiste, entre los que pueden presentarse son los “que se encuentren expuestos a reclutamiento forzado”, aunque no se considera al servicio militar como tal. Ahora, si como resultado de una campaña o simplemente por el poco deseo de cumplir con el servicio militar, ¿qué pasa con los jóvenes quienes piden cumplir con ese servicio social pero no encuentran cupo? ¿Vuelven y juegan el año siguiente? ¿tienen que prestar el servicio militar? No se sabe aún, pero es una debilidad del sistema que debe ser explotado para poner el sistema estatal de reclutamiento forzado en aprietos de la misma forma como se hizo en España.
El PH hizo con los militares y oligarquía rancia de Colombia lo que hizo el PSOE en España con los vestigios y funcionarios, aún activos en ese momento, de la dictadura fascista de Franco. No se atreven a abolir el servicio militar y nos vienen con el cuento del servicio social para cortar el camino a cualquier movimiento antimilitarista. Es una vergüenza y una vez más demuestra que bajo del PH el capitalismo, el militarismo, la oligarquía etc. siguen funcionando como antes. Ahora quien secuestra a la juventud lo hace con una sonrisa y dice que hay una alternativa que sigue siendo una especie de reclutamiento forzado, aunque “civil”.
[1] Barcelona Metròpolis (s/f) Que no nos secuestren la vida: insumisión. Jordi Muñoz. https://www.barcelona.cat/
[2] El Salto Diario (20/02/2019) 30 años de Insumisión. Josemi Lorenzo Arribas. https://www.elsaltodiario.com/
[3] IRG (05/2013) El movimiento de Insumisión al servicio militar en el Estado Español: en legítima desobediencia. Carlos Pérez Barranco. https://wri-irg.org/es/
[4] Ibíd.
[5] Decreto 1079 de 2024
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