| Por Mauricio Trujillo Uribe / Ágora del Domingo |
La Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre el mundo universitario y la administración de Donald Trump: el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo anunció una congelación de 2.200 millones de dólares a dicha universidad, informó este lunes 14 de abril el Departamento de Educación. El detonante fue la negativa de Harvard a implementar una serie de reformas exigidas por el gobierno, entre ellas la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la supervisión externa de sus departamentos académicos.
Aunque el argumento central es la lucha contra el antisemitismo en los campus universitarios, el trasfondo de esta medida revela una ofensiva ideológica mucho más amplia. La llamada «fuerza de trabajo contra el antisemitismo» –un grupo creado por Trump al comienzo de su segundo mandato con la misión de rastrear y combatir actos antisemitas en escuelas y universidades- se ha convertido en un instrumento para imponer una agenda conservadora al sistema universitario que incluye auditorías ideológicas, control de planes de estudio y filtro a procesos de contratación, y hasta la exigencia de que se denuncie a estudiantes «hostiles a los valores estadounidenses».
Si bien la preocupación por la seguridad de los estudiantes judíos en los campus universitarios es legítima, es crucial distinguir entre antisemitismo y antisionismo, términos que con frecuencia son confundidos e instrumentalizados deliberadamente, pero que expresan conceptos diferentes. El antisemitismo es una forma de odio y discriminación contra el pueblo judío, ya sea por motivos religiosos, étnicos, culturales u otros. Ha existido durante siglos y alcanzó su expresión más brutal durante el Holocausto nazi. El antisemitismo es una forma de racismo y debe ser condenado y combatido en todas sus formas.
En contraste, el antisionismo es el rechazo al sionismo, entendido éste como la ideología que propugna el establecimiento de un Estado judío en Palestina —encarnado actualmente en el Estado de Israel— que, en su versión más reaccionaria, justifica el despojo de sus tierras a los palestinos. De hecho, dentro de la propia comunidad judía existen diversas perspectivas sobre el sionismo, las cuales llegan incluso a manifestarse en abierta oposición a las políticas y acciones del gobierno del primer ministro Netanyahu, en apoyo a los derechos del pueblo palestino y la búsqueda de un solución pacífica de dos estados, Israel y Palestina, tal como lo reclama la inmensa mayoría de los países de la comunidad internacional, lo exige las Naciones Unidas y lo ha solicitado este pasado martes el presidente de Francia, Emmnuel Macron, al propio Netanyahu –quien tiene orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.
La cruzada de la Casa Blanca no se limita a Harvard. Al menos siete universidades de élite han visto congeladas sus subvenciones federales por un valor superior a 11.000 millones de dólares, entre las cuales Columbia, Cornell, Northwestern, Princeton y Brown. Ante el impacto para sus programas de investigación y becas, Columbia accedió a estas demandas tras la amenaza de perder 400 millones de dólares. En cambio, Harvard decidió resistir, rechazó estas imposiciones porque representarían una violación de la Primera Enmienda y de la autonomía académica. «Ningún gobierno, sin importar el partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir o contratar, ni qué áreas de estudio pueden desarrollar», declaró su presidente.
El caso Harvard se ha convertido en símbolo oficial de una estrategia de “disciplinamiento”. El gobierno de Trump no sólo ha congelado sus subvenciones, sino que también el presidente ha amenazado con retirarle su estatus de exención fiscal alegando que promueve «ideologías políticas, terroristas y antisemitas». Este señalamiento se produce en el marco de protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y contra el respaldo del gobierno estadounidense al actual gobierno de Israel. La estrategia también ha generado divisiones dentro del propio campo republicano, algunos advierten que el precedente de imponer condiciones ideológicas para el acceso a fondos podría ser utilizado en el futuro por otros gobiernos para fines contrarios.
La lucha contra el antisemitismo es un imperativo ético. Sin embargo, su uso como pretexto para imponer una agenda ideológica conservadora, coartando la libertad académica e incluso sancionando la crítica al genocidio en Gaza, constituye una forma de abuso de poder. Confundir antisemitismo con antisionismo no sólo empobrece el debate público, sino que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y de cátedra. Lo que está en juego en el conflicto entre Harvard y la administración Trump no es un simple desacuerdo presupuestario, sino el futuro de la universidad como espacio libre para pensar, disentir y cuestionar el poder. Defender la autonomía universitaria y la libertad intelectual es también una forma esencial de proteger la democracia.
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