| Por: Gearóid Ó Loingsigh |
Existe una crisis en las zonas cocaleras de Colombia. El cultivo agroexportable por excelencia, es decir, la coca enfrenta una crisis económica sin precedentes, o eso nos dicen.
Los principales promotores de esa idea que la coca está en crisis porque el fentanilo lo desplaza y tarde o temprano se acabará con el consumo de cocaína eran del gobierno. Entre los que promueven esta estupidez, se encuentran funcionarios del estado colombiano provenientes de las ONG, organizaciones sociales, y por supuesto altos mandos del Pacto Histórico. El mismo presidente del país Gustavo Petro afirmó en agosto que
El mercado de la cocaína se desplomó en EEUU, reemplazado por uno peor: el del Fentanilo que ya los mata 100.000 personas al año. La cocaína mataba 4.000 por sus mezclas venenosas producto del mercado clandestino”[1]
Simplemente nada de lo que dijo Petro en ese momento era cierto. Y si antes Clinton exageraba las muertes por consumo de cocaína para justificar el Plan Colombia, Petro intentaba minimizarlas. Primero debemos tener claro que el fentanilo no desplaza a la cocaína sino a otro opioide, la heroína. Y lo más notorio del fentanilo no es el aumento de consumo, sino que debido a su toxicidad un dramático aumento en las sobredosis. El gobierno de Petro se pronuncia sobre el tema de las drogas sin entender conceptos básicos.
Así la publicación, por fin, de su política de drogas nos permite analizar bien que es lo que pretende hacer, pues hasta el momento hemos aguantado un año de discursos contradictorios, tuits que no dicen mucho y una incoherencia total en la materia, ni hablar de su declarada intención de entregar la Amazonía colombiana a las fuerzas armadas de los EE.UU. algo que ni Pastrana se atrevió a plantear abiertamente cuando él anunció el Plan Colombia del gobierno de Bill Clinton.
En un estudio de los EE.UU. publicado en mayo de este año, investigadores encontraron que las muertes por sobredosis de fentanilo triplicaron entre 2016 y 2021, aumentando desde 5,7 por 100.000 habitantes a 21.6 en 2021. Las muertes por sobredosis de cocaína aumentaron en el mismo lapso de 3,5 a 7,9. Al mismo tiempo hubo una reducción de 40% en las muertes por sobredosis de heroína, cayendo de 4,9 en 2016 a 2,9 en 2021.[2] Ese estudio apenas confirmó el análisis de una publicación anterior en diciembre 2022 que miró el aumento en muertes desde 2001.[3]
El fentanilo es un nuevo problema para los EE.UU. pero ni el aumento en el consumo de esa droga ni las muertes nos dicen nada sobre el futuro de la coca como pretendían Petro y Roy Barreras. Todo lo contrario. Según la ONU, los cultivos de coca alcanzaron la cifra de 230.000 hectáreas en 2022.[4] Claro, Petro no tiene la culpa de eso, apenas asumió la presidencia en agosto 2022, pero sí desdicen sus afirmaciones que la coca ya es del pasado por una crisis económica en las zonas cocaleras del país.
Entonces, ¿qué se puede decir de la nueva política de drogas de Petro? Pues primer punto es que por fin existe una política plasmada en un documento público. Se demoró en hacerlo pero mejor tarde que nunca. El documento propone lo que llama, con cierta hipérbole, Oxígeno para las comunidades afectadas, con apoyo a economías lícitas, medidas ambientales y tratar el tema del consumo como un asunto de salud pública. Y también propone Asfixia para las organizaciones del narcotráfico. Además propone ser la voz y líder de “una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.”[5]
El documento parte de un análisis acertado que contradice las declaraciones públicas hechas por Petro y otros altos funcionarios del gobierno, unas semanas antes de su publicación. No se explica cómo puede el presidente jactar del desplome de la coca en un momento cuando su política de drogas con total seguridad ya estaba en la imprenta. Funcionarios mediocres debe ser, pues este gobierno sigue con la política de Duque y los gobiernos anteriores de contratar a amigos mediocres. Pero de todas formas, el documento acierta en algo, por fin.
Durante décadas, Colombia ha realizado una enorme inversión en términos humanos y económicos para combatir el narcotráfico. Aunque no existe una cifra oficial sobre el gasto en la lucha contra las drogas, el Observatorio de Drogas de Colombia estima que, en promedio, el gasto anual es de 3,8 billones de pesos, alcanzando así en los últimos 20 años una inversión aproximada de 76 billones de pesos. Si bien, en el camino se han obtenido resultados, lo cierto es que no se han alcanzado los dos principales objetivos: reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas.
Pese a que entre el 2012 y el 2022 se erradicaron forzosamente 843.9056 hectáreas de coca, el área sembrada para este periodo se incrementó en un 327%. En 2022, Colombia alcanzó las 230.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 1.738 toneladas métricas de cocaína. En cuanto a la demanda de sustancias psicoactivas, también se observa en el país un incremento del 5,1% al 8,7% en el consumo de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína) entre 1996 y 2019.[6]
El documento luego reconoce que tal desplome en el consumo de cocaína no es real, sino todo lo contrario, ha aumentado. Afirma que “Una de las primeras hipótesis era una caída en la demanda mundial de la cocaína.” [7] Intentan salvar el pellejo. No había dato alguno que sustentar la supuesta hipótesis: ninguno. Fue un invento de mediocres y nadie más sostenía esa hipótesis. El documento sigue y dice “No obstante, de acuerdo con el más reciente Reporte Global de Cocaína de UNODC (2023) la demanda ha aumentado,”[8] Por lo menos ya tenemos un debate sobre la realidad y no los estudios pobres redactados por los hijos de los amantes de los amigos que contrataron.
Entonces, ¿qué proponen? Al parecer proponen un viraje en el modelo punitivo, sin abandonarlo de todo. Reconocen que las fumigaciones no han funcionado y que las temporadas de mayor fumigación, no corresponden con las de menor oferta de la droga.[9] Pero lo punitivo sigue siendo una parte integral de la política, el supuesto viraje es un espejismo.
La evidencia ha demostrado que una estrategia de seguridad por sí sola no es suficiente, [énfasis es mío] sino que debe ir acompañada de acciones de prevención del delito y de abordaje de sus causas subyacentes.
El documento hace un repaso de las leyes y tratados internacionales en la materia suavizando las exigencias reales de la Convención Única de 1961 afirmando que no se prohíbe nada sino somete las plantas y las drogas producidas a un control rigoroso. No hay espacio acá para entrar en detalle sobre ese debate. Pero de nuevo no es tan cierto lo que dice el gobierno. La Convención Única, sí permite algunos cultivos de coca para fines medicinales e industriales, principalmente en Perú y también de opio en la India. Pero no es el caso que Colombia haya interpretado mal esos tratados. Y es un asunto mayor, pues cualquier cambio en el paradigma depende de un cambio en esos tratados o mejor dicho su derogación completa y la redacción de nuevos tratados bajo un nuevo paradigma.
Si bien es cierto que un país puede permitir el cultivo de coca para fines lícitos, eso se hace con el permiso de los organismos de control de la ONU, es decir, de los EE.UU. Incluso el consumo tradicional de la hoja está mal vista por la Convención. Artículo 26.2 afirma que
En la medida de lo posible, las Partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre [énfasis es mío] y destruirán los que se cultiven ilícitamente.
Aunque el Artículo 49 permite la masticación de la hoja de coca en países donde ya era legal antes del primero de enero 1961, (inciso 2 a) lo hace con la condición de prohibir y erradicarlo definitivamente antes de 1986 (inciso 2 e), algo que no se logró. Este tratado no se ha interpretado mal, sino gústenlo o no, todo el andamiaje de la ONU, es decir, de los EE.UU. en la materia es el problema y no una mala interpretación de gobiernos anteriores. La supuesta libertad de cultivo y usos lícitos que Petro imagina no es real.
Algunos estados en los EE.UU. legalizaron la producción y consumo recreativo de marijuana y chocaron con el sistema federal bancario, que no se prestaba a recibir los fondos provenientes de la industria obligando a muchos productores recurrir a mecanismos propios del lavado de activos de industrias ilícitas. En Uruguay algo parecido pasó. El país regularizó la producción recreativa y la venta autorizada, regulada y controlada por el propio Estado. Sin embargo, ni siquiera el Banco de la República de Uruguay quería recibir los fondos de una actividad ya lícita en el país debido a su temor de represalias por parte de los EE.UU.
Lo que al parecer no fue previsto por los hacedores de la ley fue el problema que podría surgir con la industria bancaria, dueña y señora de las transacciones financieras y comerciales en el Uruguay. ¿Era consciente el legislador uruguayo que no solo se trataba de convencer al sistema internacional de prohibición de una reclasificación del cannabis como sustancia en las listas de los convenios sobre drogas sino que también había que convencer al sistema bancario de recibir dinero proveniente de transacciones con cannabis? Todo indica que las directivas que siguen los bancos son aquellas relacionadas simplemente con la formalidad de que el cannabis es sustancia prohibida y nada influye en la toma de decisiones el hecho de que el dinero de un mercado de cannabis sea legal o ilegal, blanco o negro.[10]
Uruguay se encontró a la merced de los caprichos represivos del gobierno de los EE.UU. y, en la práctica, no era autónomo ni soberano. Cualquier política de drogas debe partir de la realidad, que Colombia no es soberano frente a las drogas y tiene un enemigo grande a la hora de intentar resolver el problema: los EE.UU. No se trata de una interpretación restrictiva de los gobiernos colombianos sino de la realidad de dominio imperialista. Tal fue el caso de Uruguay.
… según el gobierno uruguayo una ley nacional [de drogas] depende para su aplicación de la modificación de una ley extranjera. Véase que en ningún momento se hace mención a una modificación de los tratados internacionales sobre drogas de los que Uruguay es parte, sino de la ley federal que clasifica al cannabis para el orden interno de los EEUU. [11]
El gobierno no tiene ninguna propuesta en la materia y sus propuestas para los campesinos son reencauches de políticas anteriores con un lenguaje levemente modificado. Ya no se habla de sustitución de cultivos sino de alternativas o economías lícitas. Y las alternativas lícitas para el campo, son los de siempre, los monocultivos para exportar.
Y frente a los campesinos sigue la mano dura. Mucho se habló como iban a hacer una distinción entre grandes y pequeños productores de coca, aumentando la definición de pequeño productor a aquel que tiene hasta 10 hectáreas. Pero la mano dura sigue. Dicen que no aplicarán la erradicación forzosa, pero.
La erradicación forzosa aplicará en los cultivos que: (i) no se encuentren dentro de la categoría “pequeño cultivador”, (ii) expandan su área, (iii) sean sembrados después de la publicación de esta política (independientemente de su área), iv) tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína, v) incumplan compromisos de sustitución y otros mecanismos de tránsito a economías lícitas.[12]
Muchos campesinos tienen infraestructura para la producción de base, una infraestructura que no es muy complicada. Así no sé quiénes son los campesinos que no serán sometidos a la erradicación forzosa. No es muy diferente a las políticas de Uribe y Pastrana y toma prestadas las políticas del Plan Colombia, la Apuesta Exportadora de Uribe, las directrices de la antigua Acción Social y por supuesto de los Laboratorios de Paz de la Unión Europea y el nefasto apologista de las políticas económicas del Uribismo y de paso el Banco Mundial, el cura Francisco de Roux: las mal llamadas Alianzas Productivas.
● Pactos de productividad entre sector público, sector privado y economías populares
Consisten en una colaboración tripartita donde el Estado y el sector privado se convierten en impulsores de la reconversión productiva, a través de acciones como la inversión capitalista, la transferencia de conocimiento y la inserción en circuitos de mercado a nivel local, nacional e internacional. Para ese efecto se suscribirán los "Pactos productivos por la vida y la esperanza", en los que el Estado ofrecerá beneficios a los empresarios que se asocien comercialmente con las comunidades. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo facilitará y fortalecerá este tipo de alianzas.[13]
No hace muchos años, en 2017, varios actuales senadores y representantes de lo que ahora se llama el Pacto Histórico denunciaron públicamente una propuesta de Santos frente al campo. Afirmaron
…limita sus [las comunidades] posibilidades para la definición del modelo productivo y económico que permita la construcción de paz con justicia social, atándola a lineamientos y criterios técnicos… que priorizan el establecimiento de alianzas y encadenamientos entre la pequeña y gran producción, el uso eficiente del suelo rural, la innovación tecnológica, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización que favorecen un modelo de producción empresarial agroindustrial a gran escala.[14]
Y ¿ahora qué? Ah claro, la propuesta es de Uds. no importa si es la misma propuesta o no, sino quien lo hace. Y si los campesinos no están de acuerdo con el modelo económico que les impone, ¿qué les pasará Pues “se promoverá un tratamiento diferenciado que sea transitorio y condicionado a su vinculación a procesos de tránsito a economías lícitas.” Es decir, van a la cárcel.
Frente al lavado de activos no hay nada nuevo. El gobierno está obligado a luchar contra el lavado por varios tratados internacionales. Pero el lenguaje es diciente.
Esta última [el lavado] está fundamentada en la identificación de objetivos de alto valor financiero, entendidos como personas naturales o jurídicas, bienes, activos o entidades que, debido a su naturaleza, volumen o características, pueden ser instrumentalizados por grupos delictivos (énfasis es mío) para ocultar o canalizar fondos ilícitos y así lavar el dinero proveniente de actividades delictivas.[15]
Como otros gobiernos, incluyendo el gobierno de los EE.UU. los bancos son otras víctimas, más víctimas ellos que los campesinos, instrumentalizados por grupos delictivos cuando en realidad ellos son organizaciones delincuenciales. No se puede entender el masivo lavado de activos que hizo HSBC en México de otra forma. No hay medidas para encarcelar a los directivos de los bancos, quitarles su licencia bancaria, embargar sus bienes, multarlos hasta dejarlos en calzoncillos. No. La Asfixia de que habla el gobierno es como la ruana y la ley, es para unos, pero no para otros. Se preocupa más por la minería ilegal en zonas cocaleras que el lavado de activos a poca distancia del Palacio Presidencial
El documento es muy parecido a las anteriores políticas con algunos leves cambios, un lenguaje algo distinto y propuestas “nuevas” que no lo son. Quizás se puede afirmar que indica cierta buena voluntad en algunos aspectos, pero hasta allí no más. Petro no pretende luchar por un nuevo paradigma sino enmendar el actual.
Plantear la revisión del marco jurídico internacional no implica una disyuntiva entre la prohibición o la liberación total del mercado de sustancias psicoactivas. Por el contrario, significa encontrar soluciones intermedias como las alternativas al encarcelamiento, las estrategias de reducción de daños y la regulación responsable de sustancias como el cannabis de uso adulto. Los avances, fracasos y lecciones aprendidas de la cooperación internacional en materia de drogas representan una oportunidad para que la comunidad internacional considere adoptar políticas y estrategias novedosas basadas en la evidencia.[16]
La reducción de daños es política en casi todo el mundo, incluyendo algunas partes de los EE.UU. Las alternativas al encarcelamiento también, aunque en la práctica no resulta ser así en todos los países. Lo que plantea aquí es el estado actual de las cosas, no una gran lucha para cambiar el paradigma. Es un documento decepcionante, más decepcionante que las anteriores políticas porque este intenta jugar con el lenguaje para embobar, engatusar y mentir. En fin, otra oportunidad perdida. Si quieren ver algo novedoso en la política de drogas es mejor tomarse una droga, preferiblemente un hongo alucinógeno.
Fotografía: Muertes por sobredosis de drogas en EU. Fuente: TN8.TV
[1] H13N (16/08/2023) El mercado de la cocaína se desplomó por algo peor: fentanilo”; dijo el presidente Petro. Sandra Segovia Marin. https://www.h13n.com/mercado-
[2] Spencer, M.R. et al. (2023) Estimates of drug overdose deaths involving fentanyl, methamphetamine, cocaine, heroin, and oxycodone: United States, 2021. Vital Statistics Rapid Release; no 27. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. May 2023. DOI: https://dx.doi.org/ 10.15620/cdc:125504. P.3
[3] Spencer MR, Miniño AM, Warner M. Drug overdose deaths in the United States, 2001–2021. NCHS Data Brief, no 457. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2022. DOI: https://dx.doi.
org/10.15620/cdc:122556.
[4] El Colombiano (09/11/2023) Cultivos de coca en Colombia vuelven a romper récord: fueron 230.000 hectáreas en 2022. https://www.elcolombiano.com/
[5] Ministerio de Justicia (2023) Sembrando Vida Desterramos el Narcotráfico: Política Nacional de Drogas (2023 -2033). Colombia. https://www.minjusticia.gov.
[6] Ibíd., p.16
[7] Ibíd. P. 18
[8] Ibíd.,
[9] Ibíd., p.24
[10] Galain, P. (2017) Mercado Regulado de Cannabis vs. Política Bancaria http://olap.fder.edu.uy/wp-
[11] Ibíd.,
[12] Ministerio de Justicia (2023) Op. Cit. P.46
[13] Ibíd., p.49
[14] Carta Pública (18/04/2017) https://www.redsemillaslibres.
[15] Ministerio de Justicia (2023) Op. Cit. P.72
[16] Ibíd., p.82
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